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Boletín de noticias 31 de enero de 2012
EL TIEMPO
'GOBIERNO NO FUE RESPONSABLE DE QUE TERRORISTAS SE TOMARAN EL PALACIO'
Ex ministros Jaime Castro y Enrique Parejo salen en defensa del expresidente Belisario Betancur.
Un día después de que el Tribunal Superior de Bogotá ratificara la condena al coronel Alfonso Plazas Vega y pidiera investigar la actuación del entonces presidente Belisario Betancur en la toma que hizo el desmovilizado M-19 en la toma del Palacio de Justicia, en 1985, los exministros Castro y Parejo salieron a defender al exmandatario.
Castro cuestionó que quienes protagonizaron la retoma del Palacio hoy estén en la cárcel, como ocurre con el coronel Plazas Vega y el general Jesús Armando Arias Cabrales, y que los que hicieron la toma estén libres.
"Quienes rescatan al Palacio están en la cárcel y quienes se lo toman están en la calle", afirmó Castro, exministro de Gobierno.
A su vez, Parejo, ex ministro de Justicia, descartó que durante los hechos, ocurridos en noviembre 5 y 6 de 1985, se hubiera presentado un golpe de estado por parte del Ejército:"no creo que técnicamente hubiera habido un golpe de Estado, pero si presión por parte de las fuerza pública para que el gobierno no interviniera y dejará actuar", afirmó.
Ejército tendrá que pedir perdón
En un acto público en plena Plaza de Bolívar, el mismo sitio que hace 26 años fue escenario del holocausto del Palacio de Justicia, el Ejército tendrá que pedir perdón por "los delitos ejecutados los días 6 y 7 de noviembre de 1985".
Esa es una de las órdenes del Tribunal Superior de Bogotá al ratificar la condena de 30 años de prisión contra el coronel Alfonso Plazas Vega, el oficial que comandó la recuperación del edificio asaltado a sangre y fuego por guerrilleros del M-19.
De acuerdo con los magistrados, "el propósito de los comandantes que dirigieron de parte del Estado la operación de recuperación del Palacio de Justicia era la supresión física de los combatientes del M-19 que se lo habían tomado". Por eso, la sentencia ordena ahora que el Ministro de Defensa y los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército pidan perdón.
El mandato es polémico porque incluso militares activos, entre ellos el general Alejandro Navas, comandante de las Fuerzas Militares, consideran que Plazas es víctima de una persecución política. De hecho, el mismo Gobierno ha manifestado que respeta pero no comparte las decisiones judiciales contra los oficiales que comandaron la retoma.
En la histórica decisión, que es susceptible de revisión por la Corte Suprema de Justicia, los magistrados consideran probada la responsabilidad del Ejército y de Plazas (como autor mediato, por impartir órdenes ilegales) en la desaparición de la guerrillera Irma Franco y de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio.
En cuanto a la suerte de los otros nueve desaparecidos, el fallo dice que no se ha establecido si salieron con vida de la sede máxima de la Justicia colombiana o si murieron en los combates.
Los magistrados Fernando Pareja y Alberto Poveda votaron a favor de la ratificación de la condena. El tercer integrante de la Sala, Hermens Lara, salvó su voto al considerar que no hay pruebas concluyentes sobre la responsabilidad del polémico oficial, que está preso desde el 2008. (¿Quién es Alfonso Plazas Vega?)
Según la sentencia, "el material probatorio permite establecer que se trasladaron sobrevivientes del Palacio de Justicia a guarniciones militares, entre estas las instalaciones de Escuela de Caballería, donde todos fueron reseñados, algunos sometidos a torturas y posteriormente desaparecidos, como lo señalaron de manera clara e inequívoca los suboficiales Tirso Sáenz y Édgar Villamizar, lo que permite concluir que el coronel Luis Alfonso Plazas Vega (comandante de Caballería) hizo parte de una estructura de poder organizada ilegal que diseñó y ejecutó la desaparición de Irma Franco y Carlos Rodríguez".
Otro punto clave del fallo tiene que ver con la petición de que la Corte Penal Internacional (CPI) asuma una investigación sobre la responsabilidad del expresidente Belisario Betancur en los resultados de la retoma del Palacio. Por primera vez se pide que este tribunal asuma un caso de Colombia.
Finalmente, el fallo reafirma la validez del testigo estrella del caso, el suboficial Édgar Villamizar -quien ahora asegura que nunca dio testimonio-, y el postulado de que las tropas que recuperaron el Palacio cometieron crímenes de guerra.
POLÉMICA PETICIÓN A LA CPI SOBRE EXPRESIDENTE BETANCUR
En una decisión sin precedentes, pues se trata de una solicitud de una autoridad oficial, los magistrados le pidieron a la Corte Penal Internacional que evalúe la posibilidad de investigar la actuación del expresidente Belisario Betancur Cuartas durante los hechos de noviembre de 1985.
La Corte Penal es un tribunal reservado para juzgar a criminales de guerra y responsables de delitos de lesa humanidad cuando las justicias locales no han querido o no han podido investigar y sancionar ese tipo de conductas.
"Ante la inexistencia de pronunciamientos por parte de autoridades judiciales que determinen la posible responsabilidad que en estos delitos pueda tener el ciudadano Belisario Betancur, Presidente de la República para la época de los hechos -dice el fallo- y atendiendo lo inane que resulta la compulsa de copias (a la Comisión de Acusación), se dispone exhortar a don Luis Moreno Ocampo o quien haga las veces de Fiscal Principal ante la Corte Penal Internacional, para que considere presentar el caso ante dicho organismo e impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al expresidente de la República en el ámbito interno". (Lea el fallo completo del Tribunal Superior de Bogotá)
En 1986 y en 1990, la Comisión cerró investigaciones contra Betancur por ese caso. Desde la reapertura de la investigación, Fiscalía y jueces han compulsado copias para que de nuevo se investigue al Mandatario, pues consideran que no hizo nada para oponerse a un virtual golpe militar que lo apartó del poder durante los dos días de la toma y que llevó a los excesos cometidos en la recuperación del Palacio de Justicia. Fuentes cercanas al ex presidente conservador aseguraron que no se pronunciará sobre el tema.
El ex magistrado Alfredo Beltrán señaló que si bien es probable que la Corte responda formalmente la solicitud de los jueces colombianos, es en cambio poco factible que acceda a sus peticiones.
Por un lado, destaca, la Corte empezó a regir en Colombia desde el 2002. Segundo, debería primero demostrarse que el exmandatario tiene responsabilidad en los hechos del Palacio y que la justicia no operó.
El argumento del Tribunal, además de la supuesta falta de acción de la Comisión de Acusación, es que el delito de desaparición forzada es permanente: esto es, que aunque empezó en 1985, aún hoy sigue perpetrándose porque las víctimas no aparecen.
En firme, testigo controvertido
El Tribunal Superior de Bogotá valoró y dio plena credibilidad al cuestionado testimonio de Édgar Villamizar, suboficial adscrito a una Unidad en Villaviciencio, que aseguró haber presenciado la manera cómo torturaron a varias personas que salieron con vida del Palacio de Justicia y que después afirmó no haber dado esta versión.
Esa última versión fue una de las bases de la defensa de Plazas Vega. El fallo señala que es indudable que la persona que habló en la Fiscalía fue el suboficial Villamizar, a pesar de que su testimonio está firmado con otro apellido. Ante la Fiscalía, Villamizar dijo que escuchó a Plazas dar la orden de "colgar" (torturar) a varias de las víctimas del Palacio.
Mientras la Procuraduría pidió después de su retractación la nulidad del testimonio, la Fiscalía ordenó investigar su participación en los hechos y estudiar la posibilidad de darle beneficios jurídicos por colaboración con la justicia.
"La Fiscalía deberá tener en cuenta que en el presente proceso Villamizar Espinel prestó una colaboración eficaz y por tanto debe examinarse la posibilidad de otorgarle los beneficios que la ley permita", dijo.
En la declaración, Villamizar asegura que escuchó a Plazas Vega dar la orden de "colgar" a varias personas que salieron con vida del Palacio de Justicia.
Los magistrados indican que Villamizar no tendría ninguna razón para declarar en contra de Plazas Vega y menos cuando podría ser vinculado por su presunta responsabilidad en los hechos. De hecho, indica que nadie sabía que tenía información valiosa sobre el caso "de modo que si él no lo dice, habría podido quedar indefinidamente sin referencia a este juicio".
Según el Tribunal, sobre la plena identificación del testimonio de Édgar Villamizar hay evidencias como contactos preliminares del testigo con la Fiscalía y su cercanía a un investigador del CTI para determinar que sí se trataba de esta persona y no Édgar Villareal como aparece en la firma de la declaración.
"Las habilidades que tiene Villamizar Espinel y el entrenamiento recibido a lo largo de sus actividades de inteligencia y seguridad, permiten concluir que la información personal suministrada por el deponente en el momento de rendir declaración fue ex professo maquillada por él mismo con el propósito de que no se le pudiera ubicar hacia futuro", dice el tribunal.
El tribunal también asegura que la versión de Villamizar coincide con las comunicaciones entre los oficiales denominados Arcano 5 y Arcano 6 sobre el traslado de helicópteros desde Villavicencio a Bogotá y ordena investigar a todos los miembros de la Brigada VII de Villavicencio (Comando Integrado Antiextorsión y Secuestro), que durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985 estuvieron en la Escuela de Caballería y que posiblemente participaron los delitos de desaparición forzada, tortura y homicidio.
Las 2 desapariciones que mantienen la sentencia
Irma Franco.
Guerrillera del M-19. Según la Fiscalía, existen pruebas fotográficas y de video que demuestran que salió con vida del Palacio de Justicia, desde donde habría sido trasladada con los empleados de la cafetería, primero a la Casa del Florero y luego al Cantón Norte por orden de Plazas Vega. Allí habrían sido torturados, según el testigo estrella, el suboficial (r) del Ejército Édgar Villamizar.
Carlos Augusto Rodríguez.
Administrador de la cafetería del Palacio de Justicia. También fotos y videos darían constancia del momento en el que fue sacado vivo de ese edificio por unos soldados. Según el testimonio de Ricardo Gámez, un expolicía, durante cuatro días no le dieron alimento, le introdujeron aguas en las uñas y lo colgaron de los pulgares.
Piden nulidad de 9 casos de desaparecidos
El tribunal dice que de acuerdo con el estudio de los cuerpos no está demostrado que fueron 11 personas las que salieron con vida del Palacio y de Justicia y luego fueron desaparecidas. Solo --dice el Tribunal-- hay evidencia en los casos de Irma Franco y de Carlos Augusto Rodríguez, por lo que declara la nulidad en el resto de los casos.
Según los magistrados, se evidencian irregularidades en el trámite del proceso, precisamente en torno a 9 de los presuntos desaparecidos forzados y asegura que se encuentran en situación indefinida.
"El Estado colombiano asumió a partir del momento de la toma guerrillera, por medio de las autoridades civiles y militares, el control de las instalaciones judiciales para su recuperación, y las personas no aparecen muertas, como tampoco se tiene demostrado que hayan salido con vida", dice el Tribunal. Y cita varias irregularidades en el estudio de los cuerpos como la entrega de tres cadáveres a los cuáles les cambiaron de sexo, o exámenes de Adn que fueron practicados a un mismo cuerpo y que aparecen con resultados diferentes.
"Por consiguiente, al no existir otro mecanismo procesal menos gravoso que permita corregir la falencia, se decretará la nulidad parcial de esta actuación a partir del cierre de la investigación, a efecto de que el ente instructor realice todas las actuaciones pertinentes para determinar la verdadera situación de las 9 personas precedentemente citadas y de quienes no se tiene conocimiento de su paradero".
Sin embargo, el tribunal indica que las pruebas recolectadas no serán invalidadas.
HAY UN MILLÓN DE COLOMBIANOS CON ENFERMEDADES QUE NO SON ATENDIDAS
'Enfermedades huérfanas', de las cuales hay unas de 7.000 en el mundo, no están en el POS.
Pese a que desde julio del 2010 tienen una ley propia, que los reconoce y abre las puertas para garantizar su atención adecuada dentro del sistema de salud, en Colombia los afectados por las llamadas enfermedades huérfanas dicen estar en un limbo en esta materia.
“No solo no hemos podido gozar de los beneficios de la Ley 1392, que nos ampara, porque sigue sin reglamentarse, sino que volvimos a quedar por fuera del POS, pese a que fue actualizado”, dijo Luz Victoria Salazar, directora de la Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades del Depósito Lisosomal (Acopel). (Lea también: El mundo se preocupa por tratar las enfermedades olvidadas)
Las enfermedades huérfanas, de las cuales hay identificadas cerca de 7.000 en el mundo, son aquellas contraídas por un número limitado de personas con respecto a la población general.
Aunque no hay consenso sobre el número de afectados que habría en el país, las organizaciones de pacientes calculan que son más de un millón.
Hasta que la Corte Constitucional expidió en 2008 la sentencia T-760, estos pacientes obtenían el 85 por ciento de sus tratamientos vía tutela. “A partir de ese fallo, los tratamientos eran aprobados por los comités técnico-científicos de las EPS, que los recobraban al Fosyga. Desde que entró en vigencia el POS actualizado en el que no estamos incluidos, las EPS empezaron a demorar esos servicios; ya no tienen claro cómo deben recobrarlos”, afirmó Salazar.
César Santiago Burgos, de 17 años, diagnosticado en abril del 2005 con la enfermedad de Pompe –mal genético que causa debilidad muscular progresiva y problemas respiratorios– ha empezado a sentir esos efectos.
Zoraida Cubillos, mamá de César, explicó que el adolescente, quien duerme asistido por un ventilador, necesita enfermería especializada las 24 horas y terapias.
“Enero ha sido difícil; antes estábamos logrando autorizaciones de la EPS para estos servicios de un día para otro. Las últimas que solicité llevan más de dos semanas, y los medicamentos también están demorados. Noto que hay más trabas”, afirmó Zoraida.
Por su parte, la ministra de Salud, Beatriz Londoño, aseguró que en los próximos días sostendrán una reunión con los representantes de estos pacientes, “que no deben ser las cenicientas del sistema”, dijo.
Según Londoño, la intención es establecer quiénes son estos pacientes, en dónde están y en qué condiciones, para que tengan una respuesta del sistema.
“Planeamos hacer una especie de censo de estas personas; eso significará que cada EPS tendrá que reportar a los que tenga, con sus respectivos códigos. Este tema quedará definido en una resolución”, afirmó la Ministra.
La Ley reconoce estos males como de interés especial, propone un registro nacional de pacientes, abre vías para la creación de un sistema de financiación de tratamientos y de una red de centros especializados para mejorar el diagnóstico y el tratamiento.
GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN, NUEVO PRESIDENTE DE CONSEJO DE ESTADO
Fue elegido por unanimidad en reemplazo del magistrado Mauricio Fajardo.
El abogado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren fue Gómez, que se venía desempeñando como vicepresidente de ese tribunal, es abogado de la Universidad del Cauca y realizó estudios en derecho administrativo en España y en derecho internacional humanitario.
En 2007 fue elegido magistrado en la Sección Segunda y lleva más de 20 años en la rama. También ha ejercido como juez promiscuo, penal militar y de menores, fiscal en Tunja (Boyacá) y magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá. El Consejo de Estado también eligió al magistrado William Zambrano como su vicepresidente.
'LA CPI NO PUEDE INVESTIGAR AL EX PRESIDENTE BETANCUR': VARGAS LLERAS
El Ministro del Interior calificó esa petición del Tribunal de Bogotá como "sorprendente".
Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, calificó como "sorprendente" la petición que hace el Tribunal Superior de Bogotá a la Corte Penal Internacional (CPI) de investigar al ex presidente Belisario Betancur, por los desaparecidos de la toma al Palacio de Justicia en 1985.
El funcionario afirmó que esa petición, incluida en la confirmación de la sentencia contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vegas por esos hechos, deja la sensación de que "en Colombia puede haber denegación o simulación de justicia".
En diálogo con RCN La Radio de la Noche, Vargas Lleras, quien aclaró que "es mi opinión personal", aseguró que "no hay lugar en que se proceda a investigar al ex presidente Betancur, (...) ya que la CPI (solo) puede investigar hechos posteriores a la firma del Tratado de Roma o a su entrada en vigencia". "Envía un mensaje muy fuerte para casos futuros, pero no creo".
Piden que CPI investigue a Belisario Betancur
La decisión está en uno de los apartes más importantes de la sentencia que ratificó la condena de 30 años contra el coronel Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Esto dice la sentencia: "Ante la inexistencia de pronunciamientos por parte de autoridades judiciales que determinen la posible responsabilidad que en estos delitos pueda tener el ciudadano Belisario Betancur, Presidente de la República para la época de los hechos, y atendiendo lo inane que resulta la compulsa de copias (A la Comisión de Acusación de la Cámara), se dispone exhortar a Luis Moreno Ocampo o quien haga las veces de Fiscal Principal ante la Corte Penal Internacional, para que considere presentar el caso ante dicho organismo e impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al expresidente de la República en el ámbito interno colombiano".
"De lo anterior se sigue que respecto del Presidente Betancur Cuartas no se ha adelantado ningún juicio penal porque en Colombia, la actividad jurisdiccional queda totalmente atada a las razones políticas y de conveniencia que libre y autónomamente valora el Congreso de la República, lo que lleva a que las posibles tipicidad y responsabilidad de su conducta no hayan sido examinadas por juez alguno hasta ahora y, dado que las normas sobre fuero se mantienen vigentes en la actualidad, no existe pronóstico favorable o razón que permita pensar que ello ocurrirá en el futuro", agrega el texto.
El tribunal Superior también pidió crear una Unidad especial que se encargue de investigar los hechos ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia y todos los demás hechos que allí surjan.
"Dada la cantidad de personas que aún falta por investigar y que pueden resultar señaladas como probables responsables del delito de desaparición forzada, el Tribunal exhorta al Gobierno Nacional, para que asigne el presupuesto necesario, y a la Fiscal General de la Nación, para que cree una unidad especializada que se encargue exclusivamente de atender los procesos que surjan con motivo de estos hechos. Igualmente para que se sigan buscando a los desaparecidos, en cuanto a que a pesar de esta condena, los familiares de las víctimas aún no saben qué pasó con ellos", dice el Tribunal.
En el fallo, de casi mil páginas, se compulsa copias para que se determine la presunta responsabilidad penal del "Consejo de Ministros frente al asalto subversivo así como la solidaridad de sus miembros respecto de las medidas adoptadas y la solución dada a la acción violenta de los días 6 y 7 de noviembre de 1985".
También pidió investigar por delitos de desaparición forzada al General Víctor Alberto Delgado Mallarino, Director General de la Policía Nacional para la época de los hechos, y demás personal de oficiales, incluyendo las unidades de inteligencia que participaron en las acciones de recuperación del Palacio de Justicia que hayan podido tener intervención jurídicamente relevante en estos dos delitos.
Esta determinación aplica para el entonces director del DAS. "De esta manera el Estado colombiano demostrará de manera efectiva a la comunidad internacional su interés en honrar realmente sus compromisos para evitar que crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes estatales queden en la impunidad", concluye el Tribunal.
NÉSTOR CORREA HABLA SOBRE EL CASO DEL 'CARRUSEL' DE MAGISTRADOS
El magistrado dice que la Contraloría fue muy valiente y por lo tanto tiene toda su solidaridad.
En medio del escándalo generado por el llamado a juicio de responsabilidad fiscal de la Contraloría a 21 magistrados y exmagistrados por el 'carrusel' de nombramientos en el Consejo Superior de la Judicatura, el presidente de la Sala Administrativa de ese alto tribunal, Néstor Correa, señaló que esta semana se debió frenar uno de esos cuestionados contratos.
Correa citó que el pasado lunes por poco se firma el nombramiento de un juez como magistrado, con lo cual en corto tiempo habría logrado una millonaria pensión. Estos hechos generaron el rechazo del Gobierno, que calificó como 'inaceptable' la cadena de contratos, que le ha costado al país no menos de 13 mil millones de pesos.
El magistrado Correa indicó que si bien hay casos en los que la Contraloría tendría razón, hay otros que ameritan un nuevo análisis.
¿Cómo recibe la decisión de la Contraloría?
Esto es un avance muy importante y valiente de la Contraloría, que tiene toda nuestra solidaridad. Todo lo que contribuya al control social y a la rendición de cuentas de una democracia es bienvenido.
¿Cómo se entiende que la mayoría de los contratos, según la Contraloría, esté concentrada en unos magistrados?
Eso está muy focalizado. La doctora Julia Emma Garzón tiene 16 nombramientos; el doctor Henry Villarraga, ocho, y el doctor Ovidio Claros, seis. Ahí lo que hay es un patrón, una conducta sistemática de nombrar personas por periodos cortos (entre uno y cuatro meses) y que se pensionan. Y cuando esa conducta se repite y se repite, uno ya tiene que hacerse preguntas.
Usted dice que se deben revisar algunos casos. ¿Cuáles?
Hay que revisar con detenimiento la lista de la Contraloría. Hay casos de casos, magistrados que heredaron esa situación, como Jorge Castillo Rugeles, María Mercedes López o el exmagistrado Jesael Giraldo. De los 21 magistrados que figuran en esa lista sólo cuatro son de la Sala Administrativa y puedo asegurar que son casos accidentales y no deberían estar allí.
¿La Sala Administrativa ha adoptado mecanismos para evitar esta situación?
El lunes, cuando revisábamos el nombramiento de un magistrado, uno de los aspirantes era un juez municipal en Bucaramanga (que tiene un salario de 4 millones de pesos) y al mirar su hoja de vida se detectó que de haberse nombrado se habría pensionado como magistrado, con un sueldo de 22 millones.
¿En qué despacho se iba a nombrar a esta persona?
Era para el reemplazo provisional de una magistrada de la Seccional de Bogotá que fue suspendida por dos meses.
¿Esto ha sido una práctica usual en la Judicatura?
No. En el pasado ningún despacho dio muestras de esto. La mayoría de los magistrados que han sido nombrados en la Judicatura han sido personas sin ninguna tacha y yo podría meter las manos en la candela por varios.
¿Qué medidas van a aplicar para evitar más casos?
Se ha adoptado como política en la Sala Administrativa revisar si los aspirantes a encargos temporales y reemplazos están próximos a pensionarse. Si no pasa ese primer filtro no hay nombramiento.
Plan de claridad
Para garantizar transparencia se implementó publicar los viajes de los magistrados.
Y se hicieron, por primera vez, entrevistas a candidatos a reemplazar magistrados en Corte Suprema en audiencia pública.
EL ESPECTADOR
'HOY SE ESCRIBE LA HISTORIA DE LA INFAMIA': DEFENSA DE PLAZAS VEGA
Jaime Granados señaló que presentará recurso de casación en contra de la ratificación de la condena de 30 años contra el militar.
Visiblemente molesto, el abogado Jaime Granados quien defiende los intereses del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, manifestó que el Tribunal Superior de Bogotá falló sin pruebas en la ratificación de la condena de 30 años contra su cliente por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Según Granados, el cabo en retiro Edgar Villamizar, quien manifestó haber escuchado al coronel Plazas mandar a “colgar” a unos rehenes, es un falso testigo, manipulado por la Fiscalía y los abogados.
Ante esto, señaló que presentó un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confiado en que el alto tribunal “lo absuelva de todo cargo y lo declare inocente”.
Sobre el hecho de que el excomandante de la Escuela de Caballería sea trasladado a una cárcel o centro de reclusión, Granados precisó que esta opción no es válida, puesto que el está cobijado por la ley.
“Se sigue presumiendo la inocencia de mi cliente, pues si ustedes no los saben si no hay una sentencia en firme no se puede hablar de culpabilidad”, señaló Granados.
'HOY SE ESCRIBE LA HISTORIA DE LA INFAMIA': DEFENSA DE PLAZAS VEGA
Jaime Granados señaló que presentará recurso de casación en contra de la ratificación de la condena de 30 años contra el militar.
Visiblemente molesto, el abogado Jaime Granados quien defiende los intereses del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, manifestó que el Tribunal Superior de Bogotá falló sin pruebas en la ratificación de la condena de 30 años contra su cliente por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Según Granados, el cabo en retiro Edgar Villamizar, quien manifestó haber escuchado al coronel Plazas mandar a “colgar” a unos rehenes, es un falso testigo, manipulado por la Fiscalía y los abogados.
Ante esto, señaló que presentó un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confiado en que el alto tribunal “lo absuelva de todo cargo y lo declare inocente”.
Sobre el hecho de que el excomandante de la Escuela de Caballería sea trasladado a una cárcel o centro de reclusión, Granados precisó que esta opción no es válida, puesto que el está cobijado por la ley.
“Se sigue presumiendo la inocencia de mi cliente, pues si ustedes no los saben si no hay una sentencia en firme no se puede hablar de culpabilidad”, señaló Granados.
'SE DEBE CONOCER LA VERDAD DE LO QUE PASÓ EN EL PALACIO DE JUSTICIA': ENRIQUE PAREJO
El cuerpo ministerial de Belisario Betancur debe revelar los secretos sobre el hecho ocurrido hace más de 26 años, dijo.
Enrique Parejo, quien fungió como ministro de Justicia durante la toma del Palacio de Justicia, se mostró de acuerdo con la solicitud del Tribunal Superior de Bogotá de investigar “todo” lo sucedido con la operación de recuperación del edificio por parte de los militares y el paradero de los desaparecidos.
“Si al expresidente Belisario Betancur se le llegará a investigar por estos hechos, al Consejo de Ministros de ese entonces tendría que sucederle lo mismo”, precisó Parejo a Caracol Radio al considerar que todas las personas que estuvieron presentes en el alto Gobierno en ese momento deben contar todo lo que sepan.
Para el exministro “es la verdad” la única que tiene que relucir en estos momentos después de más de dos décadas, para que se respondan todas las incógnitas que aún rondan sobre el presunto abuso de la fuerza pública, lo que en verdad ocurrió con las personas que salieron con vida del Palacio y hasta el sol de hoy se desconoce su paradero.
Las declaraciones de Parejo González se dan poco tiempo después de que la Sala Penal del Tribunal Superior confirmará la condena contra Plazas Vega a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada dentro del proceso por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Ya en reiteradas oportunidades, e incluso en un libro publicado en 2010, Parejo ha manifestado que existen serias dudas sobre la forma en cómo se desarrolló el operativo de retoma del Palacio de Justicia.
LA 'PALOMITA' PENSIONAL
La Contraloría General de la Nación, en un hecho inédito, decidió abrir investigación en contra de 21 magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura (17 de la Sala Disciplinaria y 4 de la Sala Administrativa) por su presunta responsabilidad en lo que hace poco los medios denominamos el “carrusel de las pensiones”.
El Consejo Superior de la Judicatura, esa alta corte que es cuestionada por académicos, políticos y el Gobierno (recordemos que en la torpedeada y polémica reforma a la justicia se propuso, al inicio, eliminar este órgano jurisdiccional), ya respondió a los ataques diciendo que los nombramientos de magistrados auxiliares que incrementaron el monto pensional, como por arte de magia, fueron hechos acorde a la ley.
¿Qué sucedió? A raíz de una investigación, la Contraloría encontró que 67 magistrados auxiliares nominados por las salas Administrativa y Disciplinaria, durante el 2007 y hasta el 2010, ingresaron por cortos períodos de tiempo para poder aumentar su pensión de jubilación, acogiéndose a un viejo decreto de 1971, el cual manda que la jubilación sea equivalente al último sueldo devengado. Pese a que los magistrados cuentan con un fuero especial y su proceso penal debe ser revisado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (cuya eficiencia, ya se sabe, es de llorar), la Contraloría salió al paso argumentando que dicho fuero no se extiende a los juicios fiscales. E hizo bien. El detrimento a la Nación que estima el órgano de control llega a los 14 mil millones de pesos. Una cifra nada despreciable, más si se tiene en cuenta que en el entretanto miles de colombianos no tienen acceso a una pensión decente.
Los ejemplos se han hecho conocer. Está el exmagistrado auxiliar Álvaro Rojas, quien fue nombrado en su momento en el despacho de Henry Villarraga e hizo de su pensión una fortuna por trabajar durante un período de 28 días. De 4 a 13 millones con un retroactivo de 175 millones de pesos. Y como éste, varios más. El Gobierno despertó y condenó estos incidentes: Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, manifestó que “es muy grave que quienes deben administrar justicia utilicen un sistema para defraudar al Estado. Es inconcebible que se haya utilizado la figura de nombramientos discrecionales de algunos magistrados para que personas, por dos meses, hayan reajustado sus pensiones”. Así mismo, indicó que de ser una figura legal válida, no hay que confundir la legalidad de una actuación con el nivel ético de la misma. Y en eso tiene toda la razón.
Será la Contraloría la que finalmente establezca si las explicaciones que den los magistrados investigados por este carrusel tienen fundamento o no. Pero desde ya puede ser fácilmente discernible que, si los hechos encontrados se ajustan a la realidad, la actuación es en todo reprochable. No puede ser que por un trabajo de unos días o un par de meses (como consta en el listado de magistrados, nombramientos y tiempo trabajado dado por la Contraloría), y por un trabajo que no era el suyo, una persona se haga a una pensión millonaria. Los jueces responden diciendo que el informe no corresponde a la verdad, ya que “(las personas de la lista) no tienen la edad para adquirir una pensión de jubilación (…) y ya llevaban más de 10 años laborando en distintos despachos de los magistrados”.
Es obvio que a ellos les asiste el principio de presunción de inocencia. Desde estas líneas no podríamos condenarlos prematuramente si aún un organismo no se ha pronunciado; pero sí podemos darle un aplauso a la contralora, Sandra Morelli, ya que no sólo logró superar la cuestión del fuero, sino también poner las cartas sobre la mesa. Que se investigue, pues. Y que se llegue a la verdad de lo que sucede. Cifras tan abultadas no pueden pasar impunemente, como se presume, al bolsillo de unos pocos.
LOS TOROS Y LOS DERECHOS
Por: Rodrigo Uprimny
El debate sobre las corridas de toros parece menor pero es profundo y difícil, pues toca temas complejos, como la relación de las mayorías con los gustos de las minorías y los deberes del ser humano con los animales.
De entrada confieso que nunca he asistido a corridas de toros, ni pienso hacerlo. Me disgustan, pues me parecen crueles. Pero ¿deben por ello ser prohibidas?
Los defensores de las corridas, como Alfredo Molano o Antonio Caballero, argumentan que la prohibición sería una muestra de intolerancia de aquellos que no comprenden ni aprecian la fiesta brava.
Si eso fuera así, estos columnistas, que respeto, tendrían toda la razón. Una democracia pluralista no debe prohibir conductas minoritarias simplemente porque disgustan u ofenden a la mayoría. Pero el Estado puede y debe prohibir comportamientos que producen daño a otros. No podría un grupo que considere al asesinato como una de las bellas artes, por usar la expresión de De Quincey, invocar la tolerancia de las mayorías para que se respete su arte de idear y ejecutar muertes estéticas.
Los defensores de la tauromaquia minimizan o, por decirlo en su lenguaje, capotean, el hecho moral clave: que en las corridas el animal es muerto, luego de ser cruelmente herido y mortificado. Hay pues un daño contra un ser que siente y sufre. Los enemigos de las corridas no tienen entonces sólo disgusto por un espectáculo que no comprenden sino compasión por ese animal que padece. Pero ¿ese sufrimiento justifica la prohibición de las corridas?
La respuesta no es fácil pues la civilización actual está montada sobre la explotación y la crueldad del ser humano sobre muchos animales, que padecen por nuestra acción vidas peores a la de los toros de lidia, sin que eso suscite mucho escándalo. Como me objetó un defensor de la fiesta brava: ¿Usted qué preferiría ser? ¿Un toro de lidia, que vive bastante libre en los potreros durante cuatro años, para luego morir después de media hora de lucha? ¿O una vaca para producir carne, que es sacrificada luego de vivir casi inmovilizada para que engorde rápidamente?
Si uno cree que el ser humano tiene deberes frente a los animales, al menos frente a aquellos que claramente tienen la facultad de sentir sufrimiento, entonces hay algo de contradictorio en criticar las corridas mientras uno se come un buen churrasco.
Algunos dirían que la comparación no es válida, pues el ser humano sacrifica la vaca por necesidad y tratando de evitar que sufra, mientras que en las corridas se mortifica cruelmente y sin necesidad al toro. Además, el espectáculo es una celebración pública de la crueldad. ¿Por qué no, dirán los enemigos de las corridas, prohibir la fiesta brava y al menos evitar esa crueldad inútil y pública, teniendo en cuenta que es demasiado difícil modificar nuestra forma de producir alimentos?
Esa salida parece razonable, pero no deja de suscitar perplejidades: si uno cree realmente en algo parecido a los derechos de los animales, que parece ser el buen argumento para atacar las corridas, entonces prohibir la fiesta brava mientras se mantiene la cadena alimenticia equivale a que alguien en la Antigua Roma se indignara por el “inútil” espectáculo de los gladiadores, pero defendiera la “necesaria” esclavitud.
No digo que sólo un vegetariano pueda criticar las corridas; simplemente creo que no deberíamos capotear los dilemas éticos que implica reconocer deberes humanos frente a los animales.
El tema, reitero, es más difícil de lo que parece. La posición del alcalde Petro tiene entonces algo de salomónico, pues quitó el apoyo distrital a las corridas, pero sin llegar a prohibirlas, con lo cual evitó las posibles contradicciones de la prohibición. Así, privadas de apoyo, es posible que las corridas se extingan por falta de público, como dijo alguna vez Héctor Abad.
LÍDERES EN SOCIALIZACIÓN DEL POS EN C/MARCA
De acuerdo con los lineamientos establecidos por el gobernador Álvaro Cruz Vargas en su programa ‘Cundinamarca Saludable’, la Administración departamental adelanta acciones para garantizarles a todos los cundinamarqueses el acceso a la salud con criterios de calidad. En ese sentido, se realizó un taller de socialización sobre el nuevo POS”, convocado por la Secretaría de Salud departamental.
“Cundinamarca es el primer Departamento del país en liderar procesos de capacitación de autoridades municipales y departamentales para garantizarles a sus habitantes la prestación de los servicios de salud teniendo en cuenta los lineamientos del nuevo POS”.
Así lo dio a conocer, Esperanza Giraldo Muñoz, comisionada experta de la Comisión de Regulación en Salud, durante el Taller de Socialización del Acuerdo 029 de 2011 que “…define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud”.
El taller, convocado y presidido por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, contó con la participación de todos los actores del sistema de salud, entre ellos autoridades municipales y representantes de las Entidades Prestadoras de Salud, quienes fueron ilustrados sobre el proceso de unificación del POS y cómo algunos servicios, que se encontraban antiguamente a cargo del Departamento, ahora serán prestados en las EPS.
Por ejemplo, las enfermedades mentales, que poco están diagnosticadas en Cundinamarca y no estaban incluidas en el POS, ahora son responsabilidad de las EPS. En ese sentido, el Departamento liderará acciones para diagnosticar este tipo de enfermedades y facilitar el acceso a una atención integral a los usuarios. Otro punto importante, son los nuevos beneficios para las personas diabéticas, quienes deberán contar con los implementos necesarios para hacerle seguimiento a su enfermedad.
“El nuevo POS es una oportunidad para que las nuevas tecnologías de diagnóstico y de intervención generen menos dolor, sean menos invasivas y contribuyan al bienestar de los usuarios” sostuvo Esperanza Giraldo Muñoz.
EL NUEVO SIGLO
FISCALIDAD E INDEPENDENCIA
Por: Hugo Quintero Bernate
La Contralora General de la República anunció el inicio de una indagación fiscal en contra de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaría del Consejo Superior de la Judicatura porque, supuestamente, ocasionaron detrimento patrimonial al Estado. Aunque la investigación ha sido recibida con alborozo por los medios de comunicación, su trascendencia frente a la independencia judicial merece un análisis más allá de la mala prensa o de la evidente impopularidad que la Disciplinaria tiene dentro de la propia Rama Judicial.
La razón que aparentemente motiva la apertura de la investigación es el nombramiento como magistrados auxiliares en esa Sala de personas que han durado muy poco tiempo en el desempeño de ese cargo.
El cargo de Magistrado Auxiliar es de libre nombramiento y remoción y sus requisitos están claramente contemplados en la ley. Así es que del mero hecho del nombramiento no puede deducirse ilegalidad alguna. La nominación de personas con alguna edad o con extensa trayectoria dentro de la Rama es perfectamente legal, de modo que tampoco por esa razón hay lugar a responsabilidad. Y menos aún existe regla alguna que imponga un término fijo para el cargo. El período de 8 años es del Magistrado titular, no del Auxiliar.
Pero lo que les molesta a la Contralora, al periodismo y a unos oportunistas, no es ninguna de esas razones, sino que algunos de esos magistrados auxiliares han elevado el monto de la liquidación de su pensión conforme al salario más alto del último mes. Eso es objetivamente cierto, pero no comporta ninguna ilegalidad, pues precisamente es la ley laboral y la jurisprudencia constitucional las que autorizan esa situación.
Si la actuación es ajustada a la ley, entonces la reprobación constituye un juicio moral, porque a la Contralora y a los medios les parece inaceptable que un viejo Juez termine sus días pensionado dignamente por haber tenido la suerte de ser nombrado temporalmente en un cargo alto para el que reunía los requisitos de ley.
No me parece que ese hecho en sí mismo sea inmoral, pero aun siéndolo, no es contrario a la moral pública que en todo caso se expresa en la ley. Y ahí justamente es donde radica el peligro que la posición de la Contralora entraña para la independencia judicial. ¿Cómo así que puede deducir posibles detrimentos patrimoniales del mero hecho de que un Juez se pensione en condiciones económicas dignas y ajustadas a la legalidad? Muy uribista eso de equiparar pensionado a ladrón.
Con tan peligrosa tesis, la independencia judicial queda en vilo, porque todo Juez o Magistrado que designe una persona mayor o relativamente recorrida, puede ser perseguido fiscalmente. ¿Responderían, por ejemplo, las corporaciones que han elegido magistrados de alta Corte a personas en edad cercana a la del retiro forzoso? De ahí a controlar, por la vía fiscal, el contenido económico de los fallos judiciales, no hay sino un paso.
Como siga así la Contraloría, va a terminar cobrándoles a los votantes de los hermanos Moreno el detrimento patrimonial que produjeron en el ejercicio de sus cargos.
REVISTA SEMANA
LA CPI NO TIENE ATRIBUCIONES PARA INVESTIGAR HECHOS ANTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL TRATADO DE ROMA": VARGAS LLERAS
Diversos sectores reaccionaron ante el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que pide a la Corte Penal Internacional que determine si cabe una investigación al expresidente Belisario Betancur por los hechos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se pronunció sobre la solicitud que hizo el Tribunal Superior de Bogotá a la Corte Penal Internacional (CPI) para que determine si cabe una investigación al expresidente Belisario Betancour por los hechos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia.
“No hay lugar a que se proceda a investigar al expresidente Betancur por muchísimas razones, pero entre otras, por un aspecto formal, porque la Corte Penal Internacional no tiene atribuciones sino para investigar hechos que ocurrieron con posterioridad a la suscripción al Tratado de Roma”, dijo en declaraciones a RCN Radio.
Además, Vargas Lleras señaló que la CPI solo tiene competencia para actuar cuando la justicia del país no ha podido resolver un caso.
“Esto siempre que se compruebe que en el país, frente a un hecho, hubo denegación o simulación de la justicia. De manera que esos presupuestos no caben frente al caso del Presidente Betancur", afirmó.
En el mismo sentido se pronunció el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien le dijo a Caracol Radio que “la CPI carece por completo de competencia para hacer cualquier tipo de indagación, y mucho menos de juzgamiento sobre el tema, porque de acuerdo con el Tratado de Roma, la Corte tendrá competencia sobre crímenes cometidos después de la firma del tratado, y para Colombia solo entró en vigor en 2002”.
Así mismo, Antonio Navarro señaló que no ve cómo la CPI pueda entrar a investigar hechos ocurridos en 1985 si no tiene competencia para tomar decisiones retroactivas.
En declaraciones a La FM, indicó que “yo entiendo que la CPI, el Tratado de Roma, empieza a regir hacia el futuro del momento en que se firmó. De manera que no veo cómo pueda tomar decisiones retroactivas. Yo creo que la CPI no está en posibilidad de tomar decisiones sobre hechos de 1985”.
Por su parte Rafael Barrios, abogado de las víctimas del Palacio de Justicia, le dijo a La FM que “aquí hay una cuestión de impunidad, que se ha dado en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, que en tres oportunidades ha archivado el proceso contra el expresidente Belisario Betancour. Y cuando no opera la justicia en Colombia, están los mecanismos internacionales, en este caso la CPI. Ya cómo lo hará o no lo hará la CPI es un asunto de su competencia”.
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ CONFIRMA CONDENA DE 30 AÑOS CONTRA EL CORONEL (R) ALFONSO PLAZAS VEGA
Por la desaparición forzada de dos víctimas del Palacio de Justicia, Plazas Vega fue condenado a pagar 30 años de prisión. El tribunal también ordenó establecer la responsabilidad del expresidente Belisario Betancourt, a través de la Corte Penal Internacional. FFMM deberán hacer acto público de perdón.
Tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá completaron el estudio de la sentencia en contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega y mantuvieron en fallo de segunda instancia que, por los hechos sucedidos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, el coronel deberá pagar 30 años de prisión.
El Tribunal estableció que la decisión en contra del coronel Plazas Vega corresponde a solo dos de los llamados desaparecidos del Palacio de Justicia. Se trata de la exguerrillera Irma Franco y el administrador de la cafeteria del lugar, Carlos Augusto Rodríguez Vera. En cuanto a las otras nueve personas desaparecidas, que no hacen parte de la condena, se decretó nulidad parcial de lo actuado a partir del cierre de la investigación.
Sobre Cristina Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Stella Lirazazo, Luz Mary Portela, Norma Esguerra, Gloria Anzona y Lucy Amparo Oviedo, el Tribunal consideró que la investigación no reunía los requisitos de seriedad e integralidad, por lo cual dispuso la nulidad para que se recolecte más evidencia y se establezca si realmente están desaparecidas o sus cuerpos reposan entre los cadàveres encontrados y evacuados del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
Plazas debe cumplir su condena en un centro carcelario en condiciones que no hieran a las víctimas ni a la sociedad, señala la sentencia del Tribunal, que además advierte que ninguna unidad militar del país puede llevar el nombre de Alfonso Plazas Vega.
El fallo también ordena que el Ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares, el comandante del Ejército, el comandante de la Brigada 13 y el comandante de la Escuela de Caballería celebren, en los próximos tres meses, un acto público en la Plaza de Bolívar pidiendo perdón por los delitos registrados los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
El Tribunal exhorta al Gobierno para que la ejecución de la pena que se impone se cumpla de un modo que no ofenda el dolor de las victimas.
Ante la inexistencia de pronunciamientos por parte de las autoridades judiciales que determinen la posible responsabilidad en los hechos del expresidente Belisario Betancourt, el Tribunal exhorta a Luis Moreno Ocampo, o a quien haga de Fiscal principal ante la Corte Penal Internacional, que considere la posibilidad de presentar el caso e "impida la impunidad que brinda el fuero que protege al expresidente en el ámbito interno colombiano".
Pero no solo piden determinar la responsabilidad del expresidente. También el Tribunal compulsa copias de la sentencia para que la Fiscalía General de la Nación determine la eventual responsabilidad penal de cada una de las personas que oficiaban como ministros en la época de los hechos, debido al papel que entonces cumplió el Consejo de Ministros.
En el fallo se señala la petición hecha también a la Fiscalía para que proceda a investigar por desaparición forzada al general Víctor Alberto Delgado, director general de la Policía en 1985, y a otros oficiales que participaron en la llamada retoma al Palacio de Justicia.
El ente judicial considera que debido a la magnitud de los hechos y a las personas que aún falta por investigar, la Fiscalía debe crear una unidad especializada que se encargue exclusivamente de atender los procesos que surjan dentro del caso Palacio de Justicia.
El Tribunal advierte que contra la providencia, conocida este lunes, procede el recurso de casación.
Antecendentes
Aunque la condena por la desaparición de once personas en la retoma al Palacio de Justicia, que se conoció en junio del 2010, era de 30 años, Jaime Granados, abogado defensor del coronel, apeló la decisión de la justicia, al considerar que la juez que determinó la sentencia prevaricó al tener en cuenta el testimonio de un supuesto testigo falso que declaró en el juicio.
Hoy, casi dos años después, el Tribunal ratificó la decisión. El fallo inicial contra Plazas Vega se dio después de que el expediente pasó décadas engavetado en los escritorios de los investigadores. Poco se había hecho, desde el punto de vista penal, para tratar de esclarecer lo ocurrido ese noviembre sangriento.
Hasta ahora solo se han publicado informes de corte académico -dos comisiones de la verdad- sin efectos penales. También se han impuesto sanciones de carácter administrativo y disciplinario por excesos de los militares en la retoma.
En septiembre del 2009 concluyó su juicio, luego de múltiples audiencias donde se vio de todo: recusaciones, amenazas a la juez, recursos para trasladar el proceso a la justicia penal militar, excusas médicas por parte del exoficial e incluso una bochornosa pelea en plena calle entre Plazas y manifestantes en su contra. Tras nueve meses de análisis, la juez finalmente emitió la sentencia de 30 años.
El fallo se apoyaba en la tesis jurídica con la que en Perú se condenó a 25 años de cárcel al expresidente Alberto Fujimori, como "autor mediato" de masacres. Es decir, la responsabilidad penal que le cabe a quien se sirve del mando que tiene en una estructura de poder para cometer, a través de subordinados, graves delitos.
El documento sostenía que aunque Plazas Vega no desapareció a los empleados de la cafetería por mano propia, lo hizo aprovechando el poder de mando que tenía. Otro hecho muy "significativo" para la juez fue el protagonismo que tuvo el coronel Plazas ante los medios de comunicación a la hora de informar sobre las operaciones. Fue en una de esas intervenciones que pronunció su célebre frase: "¡Aquí, defendiendo la democracia, maestro!".
Aunque el comandante de la Brigada 13 era el general Jesús Armando Arias Cabrales, las intervenciones de Plazas dan a entender que en el terreno, fue él quien comandó la operación.
Varios testigos también aseguraron que Plazas estuvo en la Casa Museo del 20 de Julio y sobrevivientes, que según el expediente declararon en esa época, lo escucharon impartiendo órdenes y participando de reuniones privadas con otros oficiales. Eso indica que no podría ser ajeno a la clasificación que allí se hizo de los llamados "sospechosos" que luego fueron trasladados a guarniciones militares, entre ellas la Escuela de Caballería que estaba bajo su responsabilidad directa.
Para la juez, Plazas siempre estuvo informado del traslado de personas rescatadas a la Escuela de Caballería, pues como comandante de esa unidad táctica contaba con un radio con frecuencia compartida con sus hombres y con los otros oficiales de mando.
En el expediente está la transcripción de audios en los que subalternos de Plazas Vega coordinan el traslado de "sospechosos" a la Escuela. El coronel "era conocedor de lo que acontecía con ese grupo de sobrevivientes", señaló la sentencia, cuyo estudio en segunda instancia determinó que la condena a Plazas Vega es de 30 años.
DECISIÓN CONTRA PLAZAS VEGA PRODUCE REACCIONES A FAVOR Y EN CONTRA
Familiares de los desaparecidos y defensores del Coronel (r) Alfonso Plazas Vega defendieron su posición frente al fallo que ratifica la condena contra el militar.
Una vez ratificado el fallo por 30 años de cárcel en contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia al igual que defensores del coronel se declararon a favor y en contra del fallo.
El primero en hablar fue el señor Héctor Jaime Beltrán Parra, padre del mesero Héctor Jaime Beltrán. “Lo trascendental para nosotros es saber dónde le podemos ir a rezar, es darle cristiana sepultura. Que tenga la hombría de decir, ya está juzgado ya está condenado. Él (Alfonso Plazas Vega) debe saber dónde están y qué pasó con los restos”.
Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, califica de "fuerte" la decisión en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, "porque es bueno que reconozca la responsabilidad de Plazas en la desaparición de dos personas, sin embargo queda el sabor amargo frente a las otras nueve personas".
La joven, que apenas tenía 35 días de nacida cuando su papá murió, dice que "lo importante es que tampoco se absuelve a Plazas por los otros casos sino que se pide que se vuelva a hacer la investigación para que se concrete en detalle si son o no desaparecidos".
Alejandra aseguró además que "es sorprendente el tema de las reparaciones a las víctimas. Nos parece interesante, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa tenga que pedir disculpas por esos hechos. Sin embargo, esperaremos a que pase el tiempo y veamos si lo cumplen o no".
Jaime Granados, abogado del Coronel Alfonso Plazas Vega, aseguró que aunque no se ha reunido con su defendido, sabe que asumirá la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de forma "fuerte y digna, como un militar, como un héroe de la patria".
"Si existe justicia en Colombia, Plazas Vega terminará siendo declarado inocente", dijo Granados, quien señaló que el lugar de reclusión de Plazas Vega -una guarnición militar- no cambiará, pese a que el Tribunal en su sentencia dijo que debe ir a un centro carcelario.
Según el abogado, "él (Plazas Vega) ejerce el derecho que nuestra ley le ha concedido y a eso nos atenemos, él tiene derecho a estar en donde está".
Por su parte, el excomandante de la Fuerzas Militares, Álvaro Valencia Tovar se mostró desconcertado tras el fallo del juez del tribunal Superior de Bogotá ya que no se aceptaron las recomendaciones del Ministerio Público que pedía revisar algunas pruebas.
“Si han descubierto tanta irregularidad yo creo que el tribunal no puede fallar simplemente por apoyo y solidaridad de la segunda instancia”.
CARACOL RADIO
CONSEJO DE ESTADO COMIENZA ANÁLISIS DE SU POSICIÓN FRENTE A LA REFORMA A LA JUSTICIA
El nuevo presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, manifestó que la entidad comenzará a analizar la posición que asumirá de cara a la Reforma a la Justicia que el presidente Juan Manuel Santos pretende sacar adelante este año en el legislativo.
“Estamos en esa encrucijada y vamos a ver las estrategias que vamos a asumir este año frente al tema”, manifestó.
Gómez también hizo referencia al caso que se sigue en el Consejo de Estado donde se demandó la elección de la actual fiscal general Viviane Morales.
“Ese proceso se está tramitando en la sección quinta, aún no se ha presentado proyecto de sentencia, el magistrado ponente está con una incapacidad médica y allí está demandado el acto de elección”, dijo.
Frente a la adjudicación del tercer canal, dijo que “tenemos una congestión bastante alta y nuestro propósito es tratar de evacuar lo más breve posible, el propósito es tratar de ponernos al día”.
Gómez fijó como prioridades la puesta en práctica del código contencioso, que cambia la cultura judicial en el país, atender las circunstancia de la reforma a la Constitución en el sector justicia y hacer el programa de justicia al día.
AUMENTAN TUTELAS E INCIDENTES DE DESACATO CONTRA ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERSALUD
Un incremento de 281 fallos de tutelas y 196 incidentes de desacato contras las entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud se registraron en el primer semestre de 2011 comparados con el año anterior, según lo revela un informe que el ente de vigilancia presentará hoy en Bogotá.
El documento precisa que las tutelas y desacatos fueron protagonizadas por las EPS de los dos regímenes, empresas solidarias de salud, entidades promotoras de salud indígenas, cajas de compensación familiar en actividades de salud, entidades que administran planes voluntarios de salud, entre otras entidades.
Explica el documento que en el primer semestre de 2011 se recibieron 817 fallos de tutela contra entidades vigiladas y 537 incidentes de desacato contra estas entidades, a comparación de los 536 fallos en 2010 y 341 incidentes de desacato del mismo año.
La Supersalud también explicó que tramitó en el 2011, 4.328 tutelas por eventos en los que el derecho de los colombianos a la vida digna y a la salud se vieron comprometidos por la no realización de procedimientos médicos, diagnósticos que no se cumplieron en el tiempo establecido, la no entrega de medicamentos por razones económicas por parte de las Entidades Promotoras de Salud EPS.
También se indica que de estas tutelas recibidas y tramitadas, 317 fueron directas, que son aquellas que se interponen por motivos principalmente en la presunta violación al derecho de petición y presunta violación al debido proceso.
En el 2011 fueron recibidas y tramitadas 1.201 tutelas indirectas interpuestas en contra de los vigilados por la Supersalud.
Así mismo el ente de vigilancia asegura que se recibieron y tramitaron 1.546 fallos de tutela en contra de de las EPS y secretarias de salud y 1.264 incidentes de desacato en contra de las entidades.
Finalmente, la Supersalud cita un estudio de la Defensoría del Pueblo, realizado entre los años 1999 y 2010, se presentaron dos millones 728 mil 300 tutelas de las cuales 869.604 buscaron proteger el derecho a la salud con un crecimiento anual de 31 por ciento.